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LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS POR FALTA DE DILIGENCIA A LA HORA DE PROPORCIONAR SEGURIDAD EN SUS EMPLEADOS ANTE EL RIESGO DE CONTAGIO
El seguro de responsabilidad civil de directivos y administradores -también conocidos como D&O- tiene por objeto que la compañía aseguradora se encargue de asumir el importe de la responsabilidad civil que genere la actuación del asegurado como administrador.
La principal obligación de todo administrador o consejero de administración es el deber de diligencia. El artículo 225 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), indica que los administradores deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado empresario con la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. En el artículo 236 (LSC) fija los supuestos de responsabilidad de los administradores, es decir hasta dónde responderán éstos como consecuencia de daños causados por sus actos y omisiones contrarios a la ley o estatutos, o por los actos realizados incumpliendo las obligaciones y deberes inherentes a su cargo. Sin duda el conocimiento de una situación de emergencia de salud pública y la necesaria adopción –o falta de adopción, o insuficiente adopción- de mecanismos de control y prevención, son un claro ejemplo de responsabilidad de los administradores de la sociedad y de los directivos. Más si cabe cuando por la actividad de la empresa el riesgo de propagación por contagio a terceros es más elevada al estar expuesta al contacto con personas.
Esta situación ha de llevar a los administradores y gerentes a tener que reforzar y consolidar la prevención, control y adecuación de las medidas de seguridad para garantizar la salud de sus empleados. La ley de Prevención de Riesgos Laborales exige la supervisión de los órganos de gobiernos de la sociedad en la seguridad de sus empleados. La principal exposición para las empresas a reclamaciones de este tipo en relación al coronavirus, sería la posible reclamación por parte de los empleados por la insuficiente y escasa aplicación de medidas y protocolos, como por ejemplo la acomodación del lugar y entorno de trabajo, los trabajos por turnos, o flexibilidad en los contratos laborales de conformidad con lo establecido en la normativa y recomendaciones sanitarias.